Si aceptamos que las evaluaciones estandarizadas pueden aportar a la mejora de los sistemas educativos, pero que no reflejan todo el concepto de calidad educativa y solo son parte de un sistema de evaluación educativa más amplio, podemos entonces discutir si las evaluaciones y unidades técnicas que las diseñan, aplican e interpretan, tienen la calidad y pertinencia deseable. Es innegable, estas unidades técnicas necesitan un equipo humano con alto grado de especialización, lo que requiere que tengan estabilidad en el tiempo, porque la rotación constante provoca desperdicio de experiencia acumulada.
Pero uno de los asuntos más debatidos es si estas unidades son realmente transparentes e independientes de intereses políticos o partidarios, y, en aras de esa independencia, se ha propuesto que estas unidades no estén ubicadas dentro del Ministerio de Educación, sino sean entidades públicas externas y con cierta autonomía. Así lo hicieron Brasil, Chile, Colombia y México, creando institutos de evaluación de carácter estatal semiautónomos, asegurando jurídicamente su financiamiento estatal, lo que les permite tener independencia de las políticas ministeriales de turno y les dota de mayor credibilidad al interpretar y publicar los resultados de las pruebas, además de contar con opiniones ajenas al Ministerio de Educación en el diseño de sus planes de evaluación.
Otros abogan por mantenerlas dentro del ministerio, porque facilita una mayor coordinación con otras instancias ministeriales destinatarias de sus resultados, y para que no se alejen de su papel como apoyo al desarrollo de la política educativa vigente. La evidencia muestra que existen unidades de evaluación fuertes y con gran credibilidad, tanto en países que tienen esta unidad dentro del ministerio o bien sean externas; en ambos sistemas, también existen unidades muy débiles, lo que hace pensar que todo depende de la cultura de evaluación del país, la continuidad y transparencia que posean estas unidades ante la opinión pública, el respaldo institucional y multisectorial que tengan, y su certeza jurídica y financiera para asegurar su independencia. Es clave que el Estado asigne fondos que aseguren la calidad de estas evaluaciones, porque, como afirma el documento de PREAL citado: más vale no evaluar que hacer una evaluación mala o deficiente, y más vale un sistema de evaluación modesto con costos asequibles y sostenibles y replicables en el tiempo.
Fuente: Hosy Orozco, Diario de Centroamérica, 15/05/2014
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