Hace una semana, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), junto a UNICEF, presentaron un análisis sobre el presupuesto estatal enfocado en la adolescencia guatemalteca.
Los datos presentados, aunque con información estadística desactualizada y basada en proyecciones, muestran una realidad alarmante. Icefi presentó un análisis en el cual concluía que con una inversión pública de Q5.76 diarios por adolescente, “no es posible garantizar sus derechos ni consolidar la democracia y las posibilidades de desarrollo económico del país”.
Las oportunidades futuras dependen directamente de la calidad educativa. Sin embargo, invertir indiscriminadamente no incide en el mejoramiento de la calidad. Guatemala invierte un 2.8 por ciento de su PIB en educación, comparado con Costa Rica que en el 2011 aprobó una reforma constitucional en la que se aumentó la inversión obligatoria mínima en educación del seis al ocho por ciento. Estos datos no esconden que hay una sobre-edad en alumnos a nivel primario, y el hecho que tenemos una pirámide poblacional mucho más joven que nuestros padres.
Según un estudio del PREAL (Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe), en las últimas dos décadas la mayoría de países de la región han implementado una serie de reformas para mejorar el sistema educativo, sobre todo en áreas de impacto como desarrollo profesional docente, rendición de cuentas, modelos de aprendizaje, entre otros. El estudio concluye que una mayor inversión en educación no supone un mejor rendimiento de los alumnos, ni mucho menos mejoras a largo plazo. La mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) duplicaron o triplicaron su inversión en educación, entre 1970 y 1994. No obstante, los resultados obtenidos por los alumnos en una gran cantidad de sistemas se estancaron o sufrieron un retroceso. Ciertamente, Guatemala debe de invertir más, pero debemos sujetarnos a parámetros que permitan ir midiendo las mejoras derivadas de sus incrementos.
El proceso de mejora del sistema educativo, de salud y del sector empleo depende de las decisiones que tomemos temprano en el proceso. Por ejemplo, vincular los aumentos salariales de los maestros con las mejoras sustanciales en la calidad del sistema, midiendo así sus competencias y desempeño. Hoy hay grandes vacíos y es incuestionable que se debe invertir más en la adolescencia. Sin embargo, no solo se trata de una mayor inversión, sino de una mejor inversión. Con esto me refiero a que tales gastos deben incidir en la calidad de vida de la juventud, para permitirles un desarrollo pleno en la adultez.
Por otro lado, de mano del sistema educativo está el tema de subempleo. Sin las competencias y conocimientos necesarios, al llegar a adultos, los jóvenes no logran encontrar un empleo digno para subsistir. Datos oficiales indican que 87.6 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años se encuentran en el sector informal, con un 6.6 por ciento del desempleo (ENEI 2013). Al no tener un trabajo formal al inicio de su carrera profesional, el joven se pierde el último eslabón de aprendizaje ya que no adquiere la suficiente experiencia y conocimientos que un primer empleo formal puede darle. Además, existe una demanda insatisfecha de jóvenes que hablen inglés y que sepan programar, mientras el sector IT y Call Centers y BPO’s crece cada vez más. La realidad muestra que hoy uno de cada tres adolescentes trabajadores, entre 15 y 19 años dentro del área metropolitana, recibe un salario que no cubre sus necesidades básicas, además nueve de cada diez no está cubierto por el seguro social (ENJU 2011).
La pregunta es ¿cómo afinamos la inversión para maximizar el potencial de nuestra juventud a futuro? En las empresas constantemente se revisan procesos internos para tratar de convertirse en más eficientes, producir más barato, ahorrar costos, etcétera. Sin embargo, esa misma función y consciencia hoy no existe dentro del Estado. Es necesario crear procesos permanentes que busquen mejoras cuantificables en los indicadores de desempeño, conforme se busca incrementar las asignaciones. Todo esto con la finalidad de que el futuro de nuestro país, los adolescentes de hoy y adultos del mañana, tengan un mejor porvenir. Al ritmo que vamos creciendo va a haber más de un millón de jóvenes que estarán en condición de subempleo en los próximos diez años. El mercado laboral es cada vez más competitivo y demandante, si los jóvenes no dan la talla, ¿qué depara su futuro?
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