"Alimentación escolar 2022" por Verónica Spross de Rivera
Lastimosamente no se ha dialogado mucho sobre el tema.
La reciente aprobación del Decreto 12-2021, consistente en reformas a la Ley de Alimentación Escolar, Decreto número 16-2017, debe llevar a un análisis presupuestario muy profundo. Lastimosamente no se ha dialogado mucho sobre el tema ni se ha realizado un estudio del impacto fiscal de las medidas propuestas.
El primer punto a tomar en cuenta es el objetivo de la alimentación escolar. Desde hace más de 20 años se otorgan alimentos a los estudiantes, habiéndose iniciado como refacción escolar, en la que se dotaba de una galleta nutricional al alumnado de la primaria y preprimaria. Luego, se transforma en un verdadero programa de apoyo a las escuelas, dotándose recursos a través de la junta escolar, para comprar localmente los insumos para la refacción escolar. Durante casi una década se otorgaron Q1.11 diarios por alumno del área urbana y Q1.58 a los estudiantes del área rural. Luego, se agregó un monto adicional para estudiantes en municipios del corredor seco y altos grados de desnutrición, habiéndose establecido Q2.08 por alumno para ese grupo específico.
Al ser aprobada la Ley de Alimentación Escolar se inicia el incremento al monto habiéndose dotado de Q3.00 por estudiante diarios en 2018 y 2019. Posteriormente se eleva el monto por alumno a Q4.00, lo cual permitió que se preparara en las escuelas menús de una comida tipo almuerzo, con alimentos nutritivos y de manera balanceada. El Ministerio de Educación preparó en 2018 la cartilla de más de 20 menús, que tomaban en cuenta el contexto regional, así como las frutas de estación o de la respectiva área geográfica.
Al venir la pandemia se suspendieron las clases presenciales el 16 de marzo de 2021, con las consecuencias que conocemos sobre la metodología educativa, el desarrollo de guías de aprendizaje para los estudiantes, la disponibilidad de recursos digitales a nivel nacional e internacional, que contrasta con la carencia de equipo tecnológico, o dispositivos, por parte de los estudiantes, así como falta de conectividad para facilitar el aprendizaje a través del uso de plataformas educativas y herramientas tecnológicas.
Aunque el Ministerio de Educación ha tenido como objetivo llevar tecnología a los centros educativos, este componente no se incluyó en los fondos presupuestarios adicionales aprobados en 2020 con motivo de la respuesta a la pandemia. Quedamos en déficit con los estudiantes y los maestros, al compararnos con países de la región latinoamericana, como República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Panamá o Perú, que han podido invertir más en equipo y recursos digitales que Guatemala. Y ahora se nos viene una nueva ley que genera una necesidad de recursos que podría estar cercana a los 1,200 millones de quetzales. Hay varias interrogantes que surgen ante dicho requerimiento de ser financiado por los impuestos de los contribuyentes: 1. ¿Cuál es la fuente financiera para dicha erogación? ¿Cuál es el análisis costo-beneficio de dicho requerimiento? ¿Se ha comparado con la rentabilidad social de invertir en la Ventana de los Mil Días? ¿Podría compararse con la posibilidad de llevar 800 mil tablets a estudiantes de toda la secundaria y de quinto y sexto de primaria para apoyar el aprendizaje en primer lugar? El abanico de preguntas es amplio.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/09/30/alimentac...
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