En esta materia no hay “tela que cortar”: el pacto colectivo con el magisterio no debería ser aprobado. Tristemente, dado que el jefe ya dio su brazo a torcer, lo más probable es que los funcionarios públicos de menor jerarquía que tienen algo que ver con esta decisión no opongan resistencia alguna. En tal sentido, bien harían los ministros de Finanzas, de Trabajo y Previsión Social y de Educación; y los directores de la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC–, de la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– del Minfin y de la Unidad de Administración Financiera –UDAF– del Mineduc, en asegurarse que cumplen a cabalidad todo lo que manda la normativa respectiva, en especial lo que estipula el Artículo 94 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente para 2018 ante la no aprobación del presupuesto para este año.
La norma jurídica en cuestión obliga a estos funcionarios, entre otros, a cumplir con la “Ley del Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado y demás legislación vigente relacionada”. Lo cual se traduce en una larga lista de requisitos, que de no mediar presiones políticas del más alto nivel y ser observadas a cabalidad los criterios técnicos exigidos, harían casi imposible aprobar un pacto colectivo como el que se pretende aprobar. Ya que las altas autoridades del gobierno no piensan echarse para atrás, lo mínimo que podrían hacer, para dar pruebas concretas de su alardeado compromiso con la transparencia presupuestaria, sería revelar todos y cada uno de los requisitos técnicos que mandan las leyes a observar, en especial cómo se cumplió con el requisito de incorporar dentro de la negociación colectiva “las mejoras a la calidad de los servicios públicos brindados a favor de la población, procurando disminuir los costos fijos de los servicios que se presten institucionalmente”.
Sobre el asunto de la calidad educativa guardan un silencio absoluto quienes negociaron dicho pacto; saben bien que, tal como lo demuestran los pobres resultados obtenidos en lectura y matemática, las billonarias sumas que se han transferido al magisterio nacional mediante estos pactos no han tenido impacto alguno en la calidad de la educación pública. Al final de las cansadas, la calidad de la educación y el bienestar de los niños son nimiedades que poco importan a los políticos y sindicalistas que negocian estos acuerdos, así como las implicaciones financieras de los mismos. Si bien los aspectos financieros son cruciales, sobre todo los referentes a la sostenibilidad de estos pactos, lo más importante de todo es reconocer que la negociación colectiva dentro del sector público ha terminado por convertirse en el instrumento que utiliza la clase política tradicional para remunerar al sindicalismo público por su participación en una profana alianza que permite a ambos grupos seguir gozando de las mieles del poder.
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